Las actuaciones por las que se trata de determinar quiénes y de qué manera ingresan la droga al penal de Villa Urquiza, llegaron a manos del juez federal Mario Racedo. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el fiscal Carlos Alberto Brito remitió la presentación que realizó el camarista provincial Carlos Francisco Ruiz Vargas al juez, para que determine si es necesaria una investigación, y en caso de que lo sea, quién llevará adelante la misma.
Según trascendió, en el juzgado federal 2, a cargo de Racedo, ya hay una causa abierta por este mismo tema, desde fines noviembre, producto de los pedidos de informes que había realizado la sala VI de la Cámara Penal (que integra Ruiz Vargas), para determinar cuántos presos son adictos. "Es probable que esta nueva causa sea conexa con la anterior, por lo que se unificarían", dijo una fuente del juzgado de Racedo. Por otra parte, el fiscal Emilio Ferrer tiene a su cargo otra investigación similar desde 2008, cuando la sala II de la Cámara Penal ordenó un análisis de orina a 114 presos y se determinó que el 65% de los reclusos era adicto a alguna sustancia.
El 23 de marzo, el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez recibió el oficio que le envió Ruiz Vargas, y por el cual se solicitaba que la Justicia Federal lleve adelante la investigación para determinar cómo ingresa la droga a la cárcel. El 25, Gómez remitió las actuaciones a Brito, quien la derivó al juzgado de Racedo.
Fuentes judiciales indicaron que en los últimos años se detuvo a familiares de los reclusos, durante los controles que se realizan en el acceso. "Pero en todos los casos se trata de poca cantidad de droga", afirmaron. Sin embargo, a pesar de las tres investigaciones que, según se dijo, se están llevando a cabo, no hubo guardiacárceles señalados como presuntos responsables de la venta de droga en la prisión. El lunes, Ruiz Vargas entregó a la fiscalía federal una declaración en la que, por primera vez, se vincula a agentes penitenciarios con el tráfico de sustancias ilegales dentro del penal.
Según trascendió, en el juzgado federal 2, a cargo de Racedo, ya hay una causa abierta por este mismo tema, desde fines noviembre, producto de los pedidos de informes que había realizado la sala VI de la Cámara Penal (que integra Ruiz Vargas), para determinar cuántos presos son adictos. "Es probable que esta nueva causa sea conexa con la anterior, por lo que se unificarían", dijo una fuente del juzgado de Racedo. Por otra parte, el fiscal Emilio Ferrer tiene a su cargo otra investigación similar desde 2008, cuando la sala II de la Cámara Penal ordenó un análisis de orina a 114 presos y se determinó que el 65% de los reclusos era adicto a alguna sustancia.
El 23 de marzo, el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez recibió el oficio que le envió Ruiz Vargas, y por el cual se solicitaba que la Justicia Federal lleve adelante la investigación para determinar cómo ingresa la droga a la cárcel. El 25, Gómez remitió las actuaciones a Brito, quien la derivó al juzgado de Racedo.
Fuentes judiciales indicaron que en los últimos años se detuvo a familiares de los reclusos, durante los controles que se realizan en el acceso. "Pero en todos los casos se trata de poca cantidad de droga", afirmaron. Sin embargo, a pesar de las tres investigaciones que, según se dijo, se están llevando a cabo, no hubo guardiacárceles señalados como presuntos responsables de la venta de droga en la prisión. El lunes, Ruiz Vargas entregó a la fiscalía federal una declaración en la que, por primera vez, se vincula a agentes penitenciarios con el tráfico de sustancias ilegales dentro del penal.